Juan Carlos Decoud*
Hubo un tiempo en que las universidades nacían para disputar el mundo.
Bolonia quiso proteger la libertad del estudio frente a los poderes feudales. París se propuso ordenar racionalmente la teología y la filosofía. Humboldt imaginó en Berlín una comunidad de investigadores donde la enseñanza y la creación del conocimiento fueran inseparables. Córdoba, en 1918, proclamó que la universidad debía abandonar el dogma y ponerse al servicio de la sociedad, de la democracia y de la emancipación intelectual.
Ninguna de ellas fue creada para administrar inercias. Todas nacieron como promesas. Pero ¿qué queda hoy de esas promesas?
En Paraguay, las instituciones de educación superior parecen debatirse entre dos caminos. Uno consiste en asumir el conflicto, producir conocimiento incómodo y ejercer una función crítica frente a los problemas sociales y ambientales. El otro consiste en adaptarse dócilmente a las lógicas del mercado, a las alianzas coyunturales y a la burocracia de los títulos.
Hace poco más de un año, por iniciativa de la Pastoral Social de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, la Universidad Católica de Villarrica fue sede de la socialización de una investigación sobre la contaminación asociada a la minería en Paso Yobái. Aquella experiencia parecía recuperar una de las funciones esenciales de estas instituciones: escuchar a las comunidades, investigar los conflictos de su tiempo y ofrecer conocimiento para comprenderlos.
Las señales posteriores parecen ir en otra dirección.
En lugar de profundizar esas líneas de investigación, la institución aparece cada vez más cercana a los discursos que presentan la minería como una oportunidad indiscutible de desarrollo. Incluso iniciativas internacionales como PlanetGOLD, promovidas bajo la promesa de una minería aurífera más responsable, han recibido cuestionamientos en distintos países debido a las dificultades para erradicar completamente el uso de sustancias peligrosas y los persistentes problemas de contaminación ambiental.
No se trata aquí de discutir una tecnología particular, sino de interrogar el papel de una casa de estudios frente a actividades económicas cuyos impactos sociales y ecológicos siguen siendo objeto de debate.
¿Debe investigar? ¿Debe incomodar? ¿Debe convertirse en legitimadora de intereses ya constituidos?
Las universidades que cambiaron el mundo rara vez fueron cómodas para su tiempo. Córdoba desafió a las oligarquías. Berkeley se enfrentó a la guerra. París 68 cuestionó la tradición. Las ciencias ambientales incomodan hoy a quienes siguen viendo la naturaleza como una simple reserva de materias primas y a las comunidades afectadas como daños colaterales del desarrollo.
El modelo humboldtiano aspiraba a la unidad entre investigación y enseñanza, entre conocimiento y formación humana. El sistema contemporáneo, en cambio, parece obsesionado por indicadores, rankings y acreditaciones. Ya no se pregunta qué verdades descubrir ni qué problemas resolver, sino cuántos estudiantes captar, cuántos convenios firmar o cuántos formularios completar.
Theodor Adorno llamó a este fenómeno la “sociedad ciegamente pragmatizada”. Un mundo donde todo debe ser útil, rentable, inmediatamente aplicable. Un orden social que sospecha del pensamiento porque lo considera improductivo.
La razón se vuelve instrumental. Ya no interesa por qué hacemos las cosas. Solo cómo hacerlas más rápido.
Se multiplican carreras orientadas al mercado y a la gestión, pero rara vez se interrogan críticamente las lógicas económicas y culturales que esas mismas disciplinas ayudan a reproducir.
Adorno advertía además sobre otra enfermedad: el “accionismo”. La compulsión a hacer, producir, ejecutar, llenar formularios, asistir a reuniones, inaugurar programas, acumular certificaciones. Una actividad frenética que revela una de las victorias más profundas del pragmatismo contemporáneo: persuadirnos de que pensar es una forma de pereza y actuar una virtud automática. Así, terminamos celebrando la hiperactividad y desconfiando de la reflexión, olvidando que la acción sin teoría suele convertirse en el modo más eficaz para conservar aquello que se dice combatir.
Tal vez por eso no sorprenda que el sistema universitario paraguayo haya sido sacudido por denuncias, irregularidades y escándalos vinculados a la obtención y validación de títulos académicos. El problema ya dejó de limitarse a algunos casos particulares. Revela algo más profundo: una cultura académica que valora más la certificación que el conocimiento.
Las consecuencias están a la vista: la investigación científica ocupa un lugar marginal en muchas universidades paraguayas. Investigar exige tiempo, duda y disposición a equivocarse. Pero la sociedad ciegamente pragmatizada exige resultados inmediatos, métricas y éxitos fácilmente exhibibles.
¿Cuántas universidades paraguayas producen hoy pensamiento original? ¿Cuántas son capaces de generar investigaciones que modifiquen la comprensión de nuestros problemas?
La respuesta es incómoda.
Porque una universidad puede sobrevivir a la falta de recursos, pero difícilmente sobreviva a la pérdida de prestigio intelectual.
La tragedia no es únicamente la escasez de recursos o la debilidad de la investigación. Es algo más profundo: la transformación de la universidad en una organización que se administra a sí misma. Cada vez dedica más tiempo a evaluar, acreditar, certificar y gestionar; y menos a aquello para lo que fue creada: producir conocimiento y ejercer la crítica.
La Reforma Educativa prometió ciudadanos críticos. Décadas después, seguimos atrapados en la reproducción memorística. Aprendemos a repetir y no a crear.
Y una sociedad que deja de pensar termina aceptando cualquier cosa: la degradación ambiental como progreso, la mercantilización del conocimiento como modernización y la burocracia universitaria como si fuera excelencia académica.
Crecen los edificios, las carreras y los posgrados, pero la producción científica sigue siendo escasa. Los egresados memorizan más de lo que crean. Las publicaciones responden con frecuencia a exigencias burocráticas antes que a búsquedas genuinas. Los concursos se sospechan. Los cargos se reparten. El clientelismo sobrevive incluso en espacios cuya misión histórica era combatirlo.
Tal vez la pregunta más importante no sea qué universidad queremos, sino para qué queremos una universidad.
Si es solamente para emitir títulos, atraer clientes y adaptarse a las demandas del mercado, entonces ya no necesitamos universidades. Bastan centros de capacitación.
Pero si creemos que una universidad debe ser el lugar donde una sociedad se piensa a sí misma, cuestiona sus certezas e imagina un futuro distinto, entonces habrá que recuperar algo que parece escasear: el coraje intelectual. Porque las universidades que renuncian a incomodar pueden conservar sus edificios, sus títulos y sus ceremonias. Lo único que sacrifican es aquello que justificó su nacimiento.
*Doctor en Derecho Público, investigador en gobernanza ambiental y docente universitario. Trayectoria que combina el análisis jurídico con la comunicación social: ex periodista en ABC Color y ADN, con publicaciones sobre problemáticas ambientales y políticas.
Distinguido con el Premio Nacional de Comunicación en Biodiversidad de la Asociación Guyrá Paraguay y con premios en concursos literarios. Con producción académica y ensayística centrada en la relación entre derecho, territorio y esfera pública en América Latina.
