Varios sectores presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República
En menos de un mes, el gobierno de Santiago Peña ha llevado a cabo dos acciones fundamentales para preparar la entrega de recursos legítimos del Paraguay, principalmente a los Estados Unidos de América, considerando los beneficios y bajos costos implicados. Primero fueron los decretos presidenciales 5306 y 5.307 (16/01/26) y luego la firma del acuerdo sobre minerales críticos, firmado en Washington D.C. (04/02/26).
En lo que respecta a la energía eléctrica, conforme a las estimaciones de Jeffrey Sachs, Paraguay ha perdido en Itaipú, con el subsidio de energía al Brasil, cerca de 25 mil millones de dólares americanos, mientras que la organización Itaipú Causa Nacional sitúa la pérdida en unos 80 mil millones de dólares (incluida la deuda espuria), en el periodo que va de 1984 a la actualidad y similar cifra estima el politólogo Miguel Carter. En este caso, con los decretos 5.306/26 y 5.307/26, Itaipu Causa Nacional, de la mano de cálculos realizados por el ingeniero Ricardo Canese, estima que nuestro país perderá, en un periodo de quince años, cerca de 80 mil millones de dólares. Es decir, sería la segunda entrega histórica, de la mano de una administración de la ANR.
Dichos documentos presidenciales determinan que, por un periodo de quince años, subvencionará la electricidad para la producción de “fertilizantes verdes y Power-to-X (combustibles sintéticos), entre las principales apuestas estratégicas, junto con verticales como hidrógeno verde, ferrosilicio electro metalurgia”, en el caso del 5.306 y aducen que permitirán la “transformación de la matriz productiva nacional”, con lo que se logrará “valor agregado, impulsar la industrialización y generar encadenamientos productivos sostenibles de largo plazo”, según señala dicho decreto.
Para Itaipú Causa Nacional, lo que se oculta con este decreto, en aras a un ficticio “encadenamiento productivo”, es un “ilegal y descomunal saqueo de nuestra energía hidroeléctrica y vaciamiento de la ANDE” y que, en materia de empleo, estas industrias electro intensivas generan uno en comparación a otro tipo de industrias, que promedian quinientos puestos de trabajo. Por lo tanto, es una relación 1/500 en cuanto a empleos.
Un ejemplo de lo que se viene es la confirmación realizada por X8 Cloud IA, cuyo fundador y CEO, Juan Carlos Dueñas, se reuniera el 03 de diciembre del 2025 con el presidente Santiago Peña. Esta reunión precedió a una firma previa de acuerdo de la citada empresa con la ANDE, para lo que anunciaron como «la construcción de mayor infraestructura de Inteligencia Artificial en América Latina».
CRITOMINERÍA
La presentación se realizó en la víspera, en la CGR, con presencia de Ricardo Canese y David Campos (Itaipú, Causa Nacional) y Heriberto Bobadilla (Itaipú también es soberanía). El escrito indica que, como antecedente, en el 2023 y 2025, sobre la base del decreto N° 7.824/22 y la resolución de ANDE N° 46.984/22 y la 49.238/24, ya ANDE “sufrió un vaciamiento de 582,2 millones de dólares americanos, por el subsidio a las criptomineras, que se elevará en unos números próximos a los 400 millones de dólares en el 2026.
“Esta situación, de por sí grave, se agravaría muchísimo más según los decretos 5.306/2026 y 5.307/2026, que han fijado tarifas notoriamente por debajo del costo, violando abiertamente la Carta Orgánica de ANDE, nada menos que por 15 años, para “industrias convergentes”, como bases de datos, y “energía a x”, como plantas de hidrógeno, de modalidad electro intensiva y que no genera prácticamente nada de empleo”, recalca el escrito, que también tiene el respaldo de la organización “Itaipú también se soberanía”.
IGUAL QUE LA TRIPLE ALIANZA
Por lo tanto, pedirán a la Contraloría que analice estos números y el daño patrimonial que implicará a las arcas públicas, considerando el periodo 2027/2021, que es el tiempo que comprende los decretos. Añade que este será “el mayor robo al pueblo y Estado paraguayo desde las pérdidas impuestas por la Guerra de la Triple Alianza, después del genocidio del pueblo paraguayo; la diferencia es que ahora el despojo lo perpetra el mismo presidente de la República, sin ninguna guerra ni amenaza de fuerza”.
El petitorio concreto manifiesta:
- Corroborar efectivamente los daños y perjuicios que ya se han producido debido a criptomineras, bases de datos y similares, y el aún muchísimo mayor daño que se ocasionará si es que siguen vigentes los decretos 5.306/2026 y 5.307/2026.
- Constatar la conveniencia de derogar inmediatamente tales decretos, contrarios a la Ley Orgánica de ANDE, y, también, la necesidad de revertir todos los demás actos ilegales que generan y aumentan el saqueo y vaciamiento denunciados y
- Impulsar la inmediata imputación de todos los responsables de los actos contrarios a la ley que están siendo implementados –hasta ahora con total impunidad– y que ya causan –y que causarán en mucho mayor medida aún– enormes daños y perjuicios al pueblo y Estado paraguayo, según se demuestra en el Estudio adjunto.
MINERÍA
En cuanto al acuerdo con los EEUU sobre los minerales críticos, el Ministerio de Industria y Comercio viene preparando un proyecto de ley que modifique la Ley de Minería. Aspectos como un “fast-track” (vía rápida) para conseguir licencias, costos no propios de una subasta, entre otras ventajas, estarán comprendidos en la propuesta legislativa.
La misma se ubica en el contexto de la pretensión de los Estados Unidos de América de asegurar cierto tipo de minerales, utilizados en tecnología, de distinto orden, tanto para maquinaria, informática y, principalmente, la industria militar y en función también a descartar que los países utilicen su soberanía para comercializar estos productos, ante lo que consideren un avance considerable de la República Popular de China, que adquiere una nueva fase, en la que EEUU ha optado por aumentar su poder bélico e, inclusive, a romper el orden internacional, como el reciente ataque a Irán, en conjunción en Israel.
