La falta de titulación por parte del INDERT, pésimo estado vial y extracción incontrolada de madera bloquean el futuro de Nueva Mestre y, con ello, el de más de cien familias que viven ahí. Esta colonia, creada hace 32 años por ley, tiene una extensión de 20.000 hectáreas, asentadas en el departamento de Presidente Hayes, a 350 kilómetros de Asunción.
La Colonia Nueva Mestre, ubicada en el distrito de Puerto Pinasco y enmarcada en el complejo de comunidades de Laguna Pato, representa un desgarrador testimonio de las promesas incumplidas del Estado en el Bajo Chaco. Relatos recabados por Revista País bajo anonimato, por temor a represalias, así lo demuestran.
Fundada formalmente en 1994 bajo el amparo de la Ley N.º 97/91, la colonia nació como una solución habitacional y productiva para las familias que habitaban precariamente a los costados de la Ruta Transchaco. Su origen estuvo marcado por una histórica permuta patrimonial: el Estado paraguayo entregó a colonos italianos procedentes de la ciudad de Mestre el predio del antiguo Frigorífico Tablada, sobre la avenida Artigas de Asunción, a cambio de 20.000 hectáreas destinadas al desarrollo rural en Presidente Hayes.
En sus inicios, el proyecto contemplaba un ambicioso polo de desarrollo orientado a la producción lechera, respaldado por un convenio de asistencia estatal integral por dos años. Sin embargo, tras el vencimiento de dicho plazo, la presencia gubernamental se esfumó. El abrupto abandono institucional forzó a los pobladores a desprenderse de sus derecheras para subsistir o a volcarse masivamente a la extracción intensiva de madera nativa, particularmente de quebracho, una actividad extractiva que persiste hasta el día de hoy sin un acompañamiento técnico ni planes de sostenibilidad.
Foto 1: La producción clandestina de carbón es la constante. Tiene consecuencias en la deforestación, la persistencia de humo, caminos averiados (por el peso de los camiones), son algunas de las consecuencias. Las autoridades son responsables por acción u omisión
SITUACIÓN AMBIENTAL
En la actualidad, la situación ambiental del asentamiento roza niveles alarmantes. Décadas de explotación continua de quebracho rojo y palo santo han agotado severamente las reservas forestales locales. Lejos de detenerse, la presión extractiva se ha desplazado hacia los territorios adyacentes de comunidades indígenas vecinas, alimentando un circuito de producción de carbón vegetal con fines de exportación. Esta actividad, convertida en el único sostén de numerosas familias, se desarrolla sin fiscalización efectiva por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ni del Instituto Forestal Nacional (INFONA).
Esta deforestación imparable ocurre, paradójicamente, en un contexto internacional donde el país ha asumido compromisos ambientales de alto nivel, tal como los ratificados en la conferencia climática de Belén do Pará. En la práctica local, no existen estudios de impacto ambiental ni programas de reforestación con especies autóctonas, dejando expedito el camino hacia la extinción gradual de la flora nativa en la zona.
COLAPSO DEL SISTEMA VIAL
A la degradación ecológica se suma el colapso del sistema vial interno. Diariamente, camiones de gran porte cargados de rollos de madera y maquinaria pesada transitan por los precarios caminos vecinales, dejando a su paso profundas huellas y grietas que tornan las vías completamente intransitables. Como resultado, amplios sectores de colonos quedan periódicamente incomunicados, imposibilitados de sacar su producción o de abastecerse de insumos básicos en los comercios locales, donde los precios de la canasta familiar se han disparado por los costos de transporte.
Foto 2: Postes de madera nativa, sacados sin el debido estudio de impacto ambiental, ponen en peligro el ecosistema regional.
La precariedad también se extiende al sistema de salud pública. La colonia cuenta únicamente con un Puesto de Salud dependiente de la Unidad de Salud Familiar (USF) local, con insumos y medicamentos limitados al nivel básico. La atención recae sobre una licenciada en enfermería y una estudiante de la misma carrera, cuyo haber es cubierto por la Municipalidad de Puerto Pinasco. Ante cuadros de extrema gravedad o complicaciones médicas mayores, los pacientes deben ser derivados de urgencia al Hospital Regional de Villa Hayes, un trayecto accidentado y complejo debido al deplorable estado de los caminos.
RESILENCIA PRODUCTIVA
Pese a las adversidades climáticas y la falta de infraestructura, los pobladores han demostrado una notable resiliencia productiva. La región mantiene un potencial fértil para la ganadería menor y la agricultura familiar, destacándose la producción artesanal de miel de abeja, la cría de ganado ovino y caprino, así como de aves de corral y cultivos menores de hortalizas que abastecen el autoconsumo y pequeños mercados locales.
Sin embargo, el factor económico informal impone duras dinámicas sociales. Vecinos y productores señalan que el rápido retorno financiero del comercio ilegal de madera beneficia de manera concentrada a intermediarios y «rolleros», mientras que la mayoría de la población absorbe los costos sociales del aislamiento, la falta de servicios y la encarecida oferta de alimentos. A esto se suman denuncias sobre presuntas irregularidades operativas y falta de control en las barreras de contención a lo largo de las cuencas del Río Verde y del riacho San Carlos.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Un tema central que impide el despegue de Nueva Mestre reside en la inseguridad jurídica de la tierra. A la fecha, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) no ha expedido los títulos de propiedad para los lotes agrícolas de 50 hectáreas. Desde la titularidad del ente agrario se argumenta la necesidad de derogar previamente la Ley 97/91 para proceder con la regularización, una postura que genera indignación entre las familias locales.
La frustración de la comunidad es tangible, dado que un gran número de agricultores ha cancelado la totalidad del valor de sus parcelas exigido por el Estado. No obstante, las gestiones institucionales se han limitado de forma casi exclusiva a la titulación de los solares urbanos, dejando postergada la certeza jurídica sobre las tierras productivas de la colonia.
TRANSPARENCIA
A este cuadro de incertidumbre legal se añaden cuestionamientos sobre los mecanismos de recaudación aplicados en el terreno. Durante el periodo 2025, funcionarios de la institución agraria realizaron cobros de cuotas en efectivo de manera directa en la zona, sin ofrecer a los pobladores la posibilidad de realizar depósitos bancarios ni transferencias electrónicas, un procedimiento que genera desconfianza sobre la transparencia del proceso de titulación.
El caso de la Colonia Nueva Mestre refleja la urgente necesidad de una intervención articulada e integral por parte del Poder Ejecutivo, el MOPC, el INDERT y los organismos ambientales. Sin caminos de todo tiempo, sin seguridad jurídica sobre la propiedad y sin alternativas productivas sostenibles, este histórico asentamiento del Bajo Chaco continuará atrapado entre la degradación ambiental y el olvido institucional.
Reportaje de Revista País, con respaldo de IA.
