Por Juan Carlos Decoud*
El desarrollo como lenguaje de flexibilización
El retroceso ambiental rara vez se presenta como retroceso. Y menos en Paraguay. Casi siempre aparece envuelto en palabras nobles: desarrollo, modernización, soberanía energética, inversión, crecimiento. El lenguaje se adapta a discursos de moda que hablan de nuevos recursos y nuevas tecnologías. Lo que no se renueva es la racionalidad que impone la flexibilización progresiva de todo límite ecológico cuando el territorio comienza a ser percibido como oportunidad de acumulación. Eso es, precisamente, lo que hoy vuelve a discutirse alrededor del Parque Nacional Médanos del Chaco.
El proyecto impulsado para modificar la protección legal del parque forma parte de un patrón más amplio de debilitamiento gradual del Derecho Ambiental paraguayo. Primero aparecen los indicios de un recurso económicamente atractivo; luego emerge el discurso sobre el “desarrollo”; después se relativizan las garantías ambientales existentes; finalmente, la excepcionalidad termina normalizándose.
El mecanismo ya es conocido.
En Paso Yobái, la expansión minera avanzó bajo promesas de empleo, dinamización económica y progreso local. El resultado incluyó denuncias reiteradas por contaminación con mercurio y cianuro, conflictos sociales, fragmentación comunitaria y crecientes cuestionamientos sobre la capacidad estatal de control. En el modelo agroexportador ocurre algo similar: la flexibilización de restricciones sobre agroquímicos suele justificarse en nombre de la competitividad y la productividad, aun cuando los impactos sobre comunidades rurales, cursos de agua y biodiversidad son cada vez más visibles.
«Ahora dedican la misma retórica a los Médanos del Chaco«.
El argumento desarrollista se reorganiza alrededor del gas natural y de un supuesto imperativo energético nacional. Se plantea que Paraguay podría enfrentar déficits futuros de energía y que, por lo tanto, corresponde avanzar hacia nuevas formas de explotación de recursos. Pero conviene detenerse un momento frente a esa narrativa, porque el concepto mismo de “desarrollo” en Paraguay merece ser discutido con bastante más profundidad de la que suelen permitir los discursos parlamentarios.
Paraguay es una potencia hidroeléctrica desde hace décadas. Itaipú y Yacyretá fueron presentadas históricamente como motores de modernización y bienestar colectivo. Sin embargo, basta observar las condiciones materiales de amplios sectores de la población para advertir la distancia entre la promesa desarrollista y la realidad social. La abundancia energética no eliminó la precariedad laboral, ni la desigualdad estructural, ni el déficit sanitario, ni la fragilidad educativa. Tampoco transformó sustancialmente la infraestructura pública ni las condiciones de vida de la mayoría.
Gran parte de la energía producida termina articulada a procesos concentrados de acumulación que benefician desproporcionadamente a determinados sectores económicos, mientras enormes segmentos sociales permanecen relativamente excluidos de esos beneficios.
Entre agronegocio, criptominerías y especulación financiera, se privatizan las ganancias y se socializan los costos. Si no, bastaría preguntar quiénes continúan amortizando —directa o indirectamente— las deudas históricas de Itaipú mientras otros convierten energía subsidiada en rentabilidad extraordinaria.
No regresión: cuando los límites se vuelven negociables
«En el caso de los Médanos del Chaco, los riesgos no son menores».
Las comunidades guaraní-ñandeva advierten desde hace mucho sobre la amenaza que implicaría intervenir una zona que alberga el acuífero Yrendá, principal reservorio de agua subterránea del Chaco paraguayo y parte de un sistema transfronterizo compartido con Bolivia y Argentina. También señalaron la ausencia de consulta libre, previa e informada, pese a tratarse de territorios directamente vinculados a sus formas de vida.
Aquí aparece una cuestión fundamental: el principio de no regresión ambiental.
Este principio, desarrollado progresivamente en el Derecho Ambiental contemporáneo y consolidado especialmente en debates internacionales desde finales del siglo XX —con importantes elaboraciones doctrinarias en autores como Michel Prieur y creciente recepción jurisprudencial en América Latina— sostiene que los niveles de protección ambiental alcanzados no deberían retroceder. La lógica es relativamente sencilla: si la degradación ecológica es acumulativa y muchas veces irreversible, el Derecho no puede permitir que las garantías conquistadas se debiliten según coyunturas económicas o necesidades políticas del momento.
En teoría, el principio parece sólido. En la práctica, suele relativizarse apenas aparecen intereses extractivos suficientemente intensos.
El propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible había rechazado anteriormente una propuesta similar por representar un retroceso ambiental y por los riesgos asociados a la degradación del área protegida. Y aun dentro de posiciones más moderadas surgieron advertencias importantes: incompatibilidad jurídica entre la categoría de parque nacional y actividades hidrocarburíferas; ausencia de delimitaciones precisas; insuficiencia de estudios técnicos; riesgos para corredores biológicos y cursos subterráneos de agua.
Pero la cuestión excede ampliamente el plano jurídico.
Las áreas protegidas existen precisamente porque hay territorios que no pueden quedar completamente subordinados a la lógica de explotación permanente. Como se recordó durante la audiencia pública que debatió la flexibilización de los Médanos del Chaco, apenas una pequeña fracción del Chaco paraguayo mantiene niveles de protección de esta magnitud. El resto ya fue intensamente transformado por el avance agropecuario, la deforestación y distintas formas de expansión económica.
Por eso resulta engañoso presentar el debate como una disputa entre “ambientalistas anti progreso” y “desarrollistas racionales”. Esa simplificación funciona como mecanismo de disciplinamiento discursivo: quien cuestiona la degradación ambiental queda rápidamente asociado al atraso, al romanticismo o a una supuesta oposición irracional al crecimiento económico.
Sin embargo, la cuestión es bastante más profunda que la retórica parlamentaria sobre inversiones y soberanía energética.
La historia de la apropiación de bienes comunes en Paraguay obliga a interrogar el sentido mismo del “progreso” en un país que produce enormes cantidades de energía mientras amplios sectores continúan sin acceso efectivo a derechos básicos. El discurso desarrollista habla constantemente de crecimiento, modernización y oportunidades, aunque rara vez explica por qué semejante abundancia hidroeléctrica convive con hospitales colapsados, escuelas deterioradas, caminos destruidos y migración persistente.
«Tal vez porque el problema nunca fue únicamente técnico».
Como ocurre frecuentemente en Paraguay, la racionalidad extractiva se presenta como inevitabilidad histórica. Siempre existe una urgencia superior que justificaría flexibilizar controles, reducir garantías o reinterpretar límites jurídicos. Ayer fue la soja. Después el oro. Hoy es el gas. Mañana probablemente será otra cosa.
«Lo que permanece constante es la estructura».
Una estructura que produce degradación ecológica, pero también algo más profundo: la naturalización de la excepcionalidad. Cada modificación parece pequeña. Cada retroceso parece administrable. Cada flexibilización aparece revestida de pragmatismo. Sin embargo, acumulativamente, la protección ambiental termina reducida a una cláusula transitoria, válida únicamente mientras no interfiera con oportunidades suficientemente rentables.
Escuchar a los que saben y sienten
Existe una dificultad adicional en las discusiones ambientales contemporáneas: gran parte de los procesos ecológicos relevantes no resultan inmediatamente perceptibles para la observación cotidiana. Los ecosistemas rara vez colapsan de manera cinematográfica. La degradación suele manifestarse mediante alteraciones acumulativas, diferidas y técnicamente complejas, muchas veces invisibles para quienes no poseen formación específica en ecología, hidrología o ciencias ambientales.
La fragmentación de hábitats, la alteración de corredores biológicos, la modificación de dinámicas hídricas subterráneas o la degradación progresiva de suelos arenosos no suelen ser fenómenos accesibles al sentido común inmediato. Mucho menos en regiones particularmente frágiles como los Médanos del Chaco, donde incluso intervenciones exploratorias pueden producir efectos persistentes o irreversibles.
Sin embargo, en Paraguay parece consolidarse una curiosa especialización multidisciplinaria de ocasión: personas capaces de emitir opiniones simultáneas sobre reservas de biosfera, hidrogeología, prospección sísmica, dinámica ecosistémica y pueblos indígenas apenas después de revisar una proyección de rentabilidad o una presentación empresarial sobre “oportunidades de desarrollo”.
Tal vez estemos frente a una versión particularmente eficiente de ecología aplicada a proyecciones de rentabilidad.
Lo llamativo es que las advertencias técnicas formuladas durante la audiencia pública provinieron precisamente de especialistas con trayectorias concretas en investigación, auditoría ambiental y conservación.
Ignacio Ávila, investigador en Biología y ex auditor ambiental de la Contraloría General de la República durante más de dos décadas, recordó que los Médanos del Chaco constituyen un área núcleo de una Reserva de Biosfera incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO. Y subrayó algo particularmente relevante: las áreas núcleo no fueron concebidas para actividades extractivas industriales, sino para conservación estricta de largo plazo. También explicó que la prospección sísmica clásica implica apertura de líneas rectilíneas mediante maquinaria pesada sobre ecosistemas arenosos extremadamente sensibles, donde las alteraciones pueden permanecer visibles durante décadas.
Oscar Rodas, de WWF Paraguay, insistió en otro aspecto frecuentemente relativizado por el optimismo extractivo: ciertos daños ecológicos simplemente no admiten compensación posible. Contaminar un acuífero o alterar el equilibrio de un ecosistema particularmente sensible no equivale a reemplazar una infraestructura o recalcular un presupuesto. Existen pérdidas ambientales irreversibles cuya restitución excede tanto la ingeniería como la contabilidad.
Por su parte, Elizabeth Ramos, ingeniera y conductora del programa Paraguay Salvaje, recordó algo elemental, aunque frecuentemente olvidado en la ansiedad desarrollista: las áreas protegidas existen precisamente porque hay territorios que no pueden quedar sometidos a la misma lógica de explotación que el resto. Su intervención evitó tanto el romanticismo ingenuo como el negacionismo productivista: no se trataba de oponerse automáticamente al desarrollo, sino de reconocer que ningún país puede hablar seriamente de sostenibilidad mientras debilita las últimas áreas que aún conservan ecosistemas relativamente intactos.
Y quizás allí aparece uno de los principales problemas del debate ambiental paraguayo: la tendencia a considerar que toda advertencia técnica constituye exageración ideológica, obstáculo burocrático o resistencia irracional al progreso. Como si décadas de investigación científica, experiencia territorial y vínculos históricos con el entorno pudieran ser sustituidos por la convicción —aparentemente bastante extendida— de que un ecosistema permanece saludable mientras todavía pueda monetizarse.
El progreso que siempre llega para otros
Por eso el debate sobre los Médanos del Chaco excede ampliamente las 600.000 hectáreas involucradas. Lo que está en discusión es la capacidad real del Estado paraguayo para sostener límites frente a sectores económicos y políticos que históricamente confundieron desarrollo con extracción acelerada de recursos.
Porque cuando todo puede relativizarse en nombre del progreso, también se vuelven relativos el agua, la biodiversidad, los derechos indígenas y las propias condiciones materiales que sostienen la vida colectiva.
Y la historia paraguaya demuestra algo bastante incómodo: los beneficios del “desarrollo” suelen concentrarse con notable eficiencia, mientras los costos se distribuyen con admirable vocación democrática.
Quizá por eso Paraguay continúa siendo exhibido como “gigante energético” en discursos oficiales y foros empresariales, mientras miles de familias sobreviven entre cortes de luz, hospitales sin insumos, aulas que se inundan y comunidades enteras obligadas a disputar hasta el acceso al agua.
Pero, aparentemente, los verdaderos obstáculos para el progreso siguen siendo los bosques que todavía resisten, los territorios que aún conservan alguna protección jurídica y las comunidades que insisten en preguntar por qué el desarrollo siempre exige sacrificios ajenos y beneficios privados.
Después de todo, en Paraguay el progreso casi nunca se detiene. Simplemente cambia de dueño.
*Doctor en Derecho Público, investigador en gobernanza ambiental y docente universitario. Trayectoria que combina el análisis jurídico con la comunicación social: ex periodista en ABC Color y ADN, con publicaciones sobre problemáticas ambientales y políticas.
Distinguido con el Premio Nacional de Comunicación en Biodiversidad de la Asociación Guyrá Paraguay y con premios en concursos literarios. Con producción académica y ensayística centrada en la relación entre derecho, territorio y esfera pública en América Latina.
