El conflicto con el USS Water Witch de 1855 enseñó al Paraguay dos cosas: Cuando EEUU ejerce su voluntad, no importan la legislación interna o internacional y que éste está dispuesto a acompañar con cañoneros su versión de los hechos. Es una lógica histórica, propia de imperios, salvo algunos pasajes, como la política de defensa de los Derechos Humanos, durante la era de Jimmy Carter, aunque esto fue también un modo de revertir las dictaduras militares que habían instalado, respaldado o reforzado, en el marco de la Guerra Fría.
Hoy, en un esquema bañado de lo que el presidente Donald Trump denominó doctrina “Donroe” y una agresividad bélica mundial agudizada (más parecida a una agonía que plenitud), nuestro país se aviene a defender en estrados jurisdiccionales internacionales a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, sindicado de genocidio por un organismos de investigación de las Naciones Unidas, en razón a sus acciones en Gaza, Palestina.
La alusión al USS Water Witch (que era un navío de guerra) viene a cuento – o a contra cuento para los hechos actuales -, ya que, si bien hubo un posicionamiento de defensa de la soberanía por parte del presidente Carlos Antonio López, tuvo que ceder en ciertos aspectos, entre ellos, el fundamental, un trato de navegación con EEUU, respaldado “jurídicamente” por una veintena de navíos cargados y armados, que se dirigían hacia estos lares. No obstante, pese a la asimetría de fuerzas, algún margen de dignidad y exigencia de respeto mostró Paraguay, aun en una incipiente institucionalicidad.
En esta ocasión, unos 164 años después (el caso Water Witch se resolvió en 1.859), desde la presidencia de Santiago Peña, no existe ningún ejército con balas que pendiese sobre Paraguay o, por parte del gobernante nacional, una férrea defensa de la navegación de un río, de la soberanía. En cambio, hay una batería legal norteamericana sobre un líder local que, fruto de la “desidia” de la justicia, no fue a la cárcel, por un conocido caso de compra de dólares preferenciales y evasión de divisas, tal como explica el conocido periodista Chiqui Ávalos. Este sometimiento, por lo tanto, es un amasijo de intereses espurios y posicionamientos geopolíticos, con ejes en la miseria de proximidades, como la de Darío Messer y otras por la obtención de respaldos internacionales, aunque sin ninguna evidencia para el interés colectivo en Paraguay.
Así, en cuanto a aquel otrora empresario de frontera, el propio sistema de impunidad incubaba a quien hoy tiene las riendas del país: Horacio Cartes (aunque en estos días el estado de salud de la cabeza de Honor Colorado sea toda una incógnita). Éste llegó a la presidencia de la República (2013/2018) en un movimiento de huida hacia arriba, previo acto sedicioso del Congreso Nacional, que destituyera a Fernando Lugo. Las internas de la ANR le dieron un “estate quieto” relativo, en el periodo 2018/2023, bajo la batuta de Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete), que se encargó de nutrir de antecedentes a EEUU sobre Cartes, que recaerían en la designación de “significativamente corrupto” por dicho país, retirando posteriormente las restricciones de la OFAC.
Las esquirlas de aquel hecho, pese a haber sido levantada tal denominación para Cartes, están por todo el sistema jurisdiccional y el Ministerio Público, con carpetas llenas de la trifulcas entre ambos sectores del coloradismo, pasando por daños colaterales como Arnaldo Giuzzio y otros tantos. Es más, en un episodio hasta ahora no dilucidado en cuanto a su trasfondo, el ex director de la DINAC, Félix Kanasawa, había sido asesinado en el mes de febrero. Éste había proveído información relevante para la investigación del Ministerio Público, llamado“A Ultranza”, sobre una carga de cigarrillos (uno de los negocios principales de Cartes) que había caído en el aeropuerto de Minga Guasu, con exponentes vinculados o sospechados de ser integrantes de la fuerza Quds (élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica).
CADENA DE ACUERDOS
Los entresijos de la trama vinculada a los lazos con EEUU no están, como corresponde, en la superficie. Lo que sí están plasmadas son las evidencias del pacto en documentos públicos, que comprenden aspectos económicos, militares, migracionales, criminales y sociales, en un círculo perfecto de dominación. De este modo, en una cadena de acuerdos, Paraguay, a través de su canciller Rubén Ramírez, ha atado, aún más, su futuro a la suerte de los EEUU y, muy en particular, a su presidente, Donald Trump, a quien los propios norteamericanos le dedican consignas como “No kings” (no más reyes) y, asimismo, está acorralado por los informes de escándalos sexuales (pedofilía y otros tantos) provenientes de los archivos Epstein.
El trazado marcado por los EEUU y obedecido por Paraguay incluye diversos acuerdos. El primero es que migrantes no deseados, rechazados por ellos, sean derivados a este país; otro implica que los militares y el personal administrativo tengan inmunidad de la jurisdicción local (independientemente de la actividad que estén realizando), así como la posibilidad de instalación de bases norteamericanas, sin que reciban esa denominación, pasando inclusive sobre el mandato constitucional de que el Congreso debe aprobar cada ingreso, bajo el eufemismo de “cooperación”.
A estoy hay que agregar el acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, para lo cual el Ministerio de Industria y Comercio local está preparando una propuesta de modificación de la Ley de Minería, que tendrán un “fast track” (vía rápida) y costos por debajo del mercado, dirigidos a beneficiar al complejo industrial militar de EUU. El posicionamiento de éste país, según aducen, forma parte de la estrategia para rebatir el avance de la República Popular de China.
Pero la cuestión no para acá…junto al refuerzo del orden interno para disciplinar, con un fuerte torniquete legal a las organizaciones sin fines de lucro, también tendrá una rama de militarización de aquello sospechado de “narcoterrorismo” y crimen organizado. Si en la doctrina de la Seguridad Nacional (60s y 70s del siglo pasado) el comunismo era el supuesto principal enemigo, esta fue utilizada para todo aquello que significase disidencia a la dictadura stronista. Dan en este tiempo un giro de tuerca, en la que no existirá ninguna garantía de que grupos sociales o movimientos reivindicativos no sean señalados como “narcoterroristas” o vinculados con estos. Lo extraño es es que el sector que tiene en sus filas al senador Erico Galeano, con sentencia por vínculos con el narcotráfico, sea el que tenga que ejecutar esta política.
AGUA Y ELECTRICIDAD: 80 MIL
MILLONES DE USD PERDIDOS
Otro aspecto de relevancia económica que, a criterio de las organizaciones “Itaipú, Causa Nacional” e “Itaipú también es soberanía”, implicaría para el Paraguay una pérdida de unos 80 mil millones de dólares para la ANDE en los próximos quince años, son los decretos 5.306 y 5.307, que establece tarifas eléctricas preferenciales para las “industrias emergentes” y proyectos de “Energía a x”, así como para las criptomineras.
La Inteligencia Artificial, como también el llamado “hidrógeno verde”, precisan inmensas cantidades de agua y electricidad y que, además, como industrias, solo generan un empleo sobre quinientos de los que crean otras, según los cálculos de las organizaciones citadas. De nuevo, marcas de los EEUU serían las prioritarias. X8 Cloud Inc, por ejemplo, multinacional con sede en Los Ángeles, ha anunciado el año pasado una inversión de diez mil millones de dólares, con el “mayor centro de datos de inteligencia artificial del Hemisferio Sur”, conforme a una publicación del diario Última Hora, el 03 de diciembre de 2025.
ALINEAMIENTO TOTAL
Volviendo al punto en que Santiago Peña defiende a Benjamín Netanyahu, para el analista político Esteban Caballero, la intervención en el ámbito jurisdiccional internacional (Corte Internacional de Justicia – CPI -) tiene “un carácter eminentemente político y expresan, una vez más, su alineamiento total con el eje Washington-Jerusalen”.
Una Comisión Internacional de Investigación sobre el territorio Palestino, de las Naciones Unidas, concluyó que Israel comete cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el Derecho Internacional y que se han llevado a cabo desde el inicio de la guerra contra Hamas, en 2.023. Así, afirma que dichos actos son: matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinas a destruir al grupo e impedir nacimientos.
Paraguay busca acotar la definición de genocidio, que sea menos extensivo, para que no calce con las acciones de Netanyahu, de tal modo a que el documento pierda fuerza y lo deslegitime, incluso. Así, una restricción del concepto explicitado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, principalmente en su artículo II, por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ, dependiente de las NNUU) acudirá en favor de los acusados.
Del mismo modo, con una definición de la CIJ, favorable a la pretensión paraguaya, también podría contribuir como argumento en favor de Netanyahu en la Corte Penal Internacional, en la que está sindicado como criminal de guerra y de crímenes contra la humanidad, por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, desde donde también se ha solicitado su orden de captura internacional, pendiente de decisión por parte de la Corte respectiva.
A la luz de todos estos hechos, Paraguay sigue en su línea de sometimiento a la política exterior de EEUU, aumentado de manera exponencial durante el gobierno de Santiago Peña. Al punto que, contrario a la propia historia paraguaya, de haber sufrido genocidio (Guerra contra la Triple Alianza – 1864/1870), acude hoy en favor de un perpetrador a un estrado internacional, tal como lo señalaba el jurista Jorge Rolón Luna.
Por Revista País
Foto: El barco «Water Witch», de la página Revisionistas, en FB.
