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El abogado y exsenador Adolfo Ferreiro asumió la defensa de Santiago Peña junto con Ricardo Preda. Ambos representan al presidente durante el juicio político que se desarrolla en el Senado paraguayo. Sin embargo, el procedimiento avanzó sin conceder las 72 horas adicionales solicitadas por el mandatario para preparar sus descargos.
El pedido de prórroga en números
Fuente: ABC Color, 6 de noviembre de 2026. Esta votación se refiere únicamente a la solicitud de prórroga. No representa una decisión sobre la destitución presidencial.
ASUNCIÓN, 6 de noviembre de 2026. El abogado y exsenador Adolfo Ferreiro volvió a ocupar un lugar central en un juicio político presidencial. Esta vez, asumió la defensa de Santiago Peña, quien enfrenta una acusación constitucional en medio de la crisis relacionada con Ueno Bank.
Además, el mandatario confirmó que Ricardo Preda integrará su equipo jurídico. Ambos abogados fueron presentados como responsables de ejercer su defensa ante la Cámara de Senadores.
Sin embargo, su designación coincidió con una controversia sobre los plazos del procedimiento. Peña solicitó 72 horas adicionales, pero el Senado rechazó el pedido y decidió continuar el proceso.
Adolfo Ferreiro asume la defensa de Santiago Peña
El presidente confirmó públicamente que Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda serían sus abogados durante el juicio político.
Previamente, Ferreiro había explicado a Radio Monumental que Peña se comunicó personalmente con él para solicitar su representación. Por ello, el abogado comenzó a evaluar las condiciones del procedimiento parlamentario.
Su incorporación tiene relevancia política y jurídica debido a su experiencia en procesos de responsabilidad constitucional. Además, Ferreiro fue senador de la República entre 2013 y 2018.
No obstante, el papel de un abogado defensor consiste en presentar argumentos y cuestionamientos dentro del procedimiento. Su participación no determina la validez de las acusaciones ni anticipa la resolución final.
Por qué Peña solicitó 72 horas para preparar sus descargos
El mandatario sostuvo que recibió la notificación del juicio político durante la noche del jueves. Según su defensa, el tiempo disponible resultaba insuficiente para examinar el expediente.
En particular, las informaciones difundidas señalan que la acusación estaba acompañada por unas 300 fojas de documentación. Por esa razón, Peña pidió una prórroga de 72 horas.
Ferreiro también cuestionó la brevedad del plazo. En consecuencia, la defensa planteó que necesitaba tiempo para estudiar los cargos y preparar una respuesta adecuada.
Sin embargo, ese argumento representa la posición jurídica de los representantes presidenciales. No implica que el procedimiento haya sido declarado inválido por alguna autoridad competente.
El Senado rechaza la prórroga por 39 votos contra 3
La Cámara de Senadores debatió el pedido durante la mañana del viernes 6 de noviembre. Finalmente, resolvió rechazar la ampliación solicitada por Santiago Peña.
La votación registró 39 votos contrarios a la prórroga y tres favorables. Asimismo, hubo dos abstenciones y una ausencia.
Los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase y Dionisio Amarilla apoyaron la solicitud. No obstante, su posición no consiguió modificar el resultado de la votación.
Después de la decisión, el Senado dispuso continuar con el procedimiento y convocó al mandatario para ejercer su defensa. Por tanto, la negativa se limitó a la extensión del plazo.
El derecho a la defensa, en el centro del debate
La controversia gira en torno a las condiciones para ejercer la defensa durante un juicio político. Por una parte, los representantes de Peña consideran insuficiente el tiempo concedido.
Por otra parte, los legisladores que rechazaron la prórroga defendieron la continuidad del procedimiento conforme al cronograma parlamentario.
En este contexto, corresponde diferenciar las garantías constitucionales del mandatario de las responsabilidades políticas que examina el Congreso. Ambas cuestiones forman parte del debate, pero no son equivalentes.
Además, una objeción presentada por la defensa no demuestra por sí sola la vulneración de un derecho. Esa conclusión requiere examinar las normas aplicables y las actuaciones efectivamente realizadas.
El antecedente de Fernando Lugo y el juicio político de 2012
La presencia de Adolfo Ferreiro adquiere particular relevancia por su participación en la defensa del expresidente Fernando Lugo. En junio de 2012, Lugo fue sometido a un juicio político que terminó con su destitución.
Durante aquel procedimiento, la defensa cuestionó el tiempo otorgado para responder a las acusaciones. Por ese motivo, el antecedente vuelve a mencionarse en el debate público actual.
Sin embargo, ambos procesos deben analizarse por separado. Las acusaciones, los contextos políticos y las actuaciones parlamentarias no son idénticos.
En consecuencia, la experiencia de Ferreiro permite contextualizar su participación, pero no ofrece una base suficiente para anticipar el resultado del juicio contra Santiago Peña.
Qué sucede con la renuncia presentada por Santiago Peña
El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de la República. Sin embargo, el Congreso no llegó a aceptarla formalmente.
La sesión conjunta convocada para examinar la dimisión no consiguió el quórum necesario. Por lo tanto, Peña continuó formalmente en funciones mientras avanzaba el juicio político.
Esta situación obliga a distinguir tres procedimientos: la presentación de una renuncia, su aceptación institucional y una eventual destitución mediante juicio político.
Aunque pueden producir consecuencias sobre la continuidad de un presidente, no constituyen actos jurídicos equivalentes. Por ello, una renuncia presentada no debe comunicarse automáticamente como una salida efectiva del cargo.
La crisis de Ueno Bank y las acusaciones parlamentarias
El juicio político se desarrolla en medio de la crisis de Ueno Bank. La situación financiera generó cuestionamientos sobre la supervisión bancaria y el papel de las autoridades.
Además, los promotores de la acusación plantearon posibles conflictos de intereses vinculados con relaciones anteriores del mandatario con empresas asociadas al banco.
Las denuncias también incluyen interrogantes sobre depósitos de fondos públicos y decisiones de organismos de control. Sin embargo, esos señalamientos deben entenderse como acusaciones parlamentarias mientras no existan decisiones judiciales que establezcan responsabilidades penales.
Paralelamente, los clientes afectados por la crisis continúan necesitando respuestas sobre sus depósitos y los mecanismos disponibles para recuperar sus recursos.
Por qué la crisis también afecta la confianza institucional
La controversia no se limita a la continuidad del presidente. También plantea preguntas sobre la transparencia de las decisiones públicas y la eficacia de los controles sobre el sistema financiero.
En particular, será necesario esclarecer qué operaciones fueron realizadas, cuáles fueron sus condiciones y qué organismos participaron en los procedimientos cuestionados.
Asimismo, debe distinguirse la responsabilidad política de una autoridad de las eventuales responsabilidades administrativas o penales de cada involucrado.
En consecuencia, el juicio político puede resolver una cuestión institucional, pero no reemplaza las investigaciones financieras y judiciales que correspondan.
Qué falta confirmar durante la jornada
El siguiente paso consiste en conocer el desarrollo de la defensa ante el Senado. En particular, deberá verificarse quién expuso los argumentos y qué cuestionamientos fueron presentados formalmente.
Asimismo, será necesario seguir las decisiones posteriores del tribunal parlamentario. Una votación sobre la prórroga no determina el resultado del juicio político.
Al cierre de este corte, estaban confirmadas la representación legal de Ferreiro y Preda y la negativa del Senado a conceder las 72 horas. Sin embargo, no se atribuyen discursos ni alegatos completos que no hayan sido corroborados.
