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La crisis financiera de Ueno Bank desencadenó una confrontación política que alcanza al presidente de la República, Santiago Peña. El titular del Congreso, Basilio Núñez, solicitó su renuncia y la Cámara de Diputados inició el tratamiento de un juicio político. Hasta el último corte de verificación de esta nota, no se confirmó una renuncia formal del mandatario.
ASUNCIÓN, 5 de noviembre de 2026. Paraguay atraviesa una jornada de intensa tensión institucional. El presidente Santiago Peña enfrenta pedidos públicos de renuncia y un procedimiento de juicio político promovido en la Cámara de Diputados, en medio de la crisis generada por la situación de Ueno Bank.
La controversia, inicialmente centrada en el sistema financiero y la situación de los ahorristas, alcanzó al oficialismo después de que dirigentes colorados reclamaran la salida del mandatario o manifestaran su disposición a respaldar la acusación constitucional.
Sin embargo, es necesario distinguir entre un pedido de renuncia, una votación parlamentaria y la separación efectiva del cargo. Hasta el último corte informativo utilizado en esta publicación, no se confirmó una renuncia formal de Santiago Peña.
Basilio Núñez solicita la renuncia del presidente
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, conocido como Bachi Núñez, reclamó este jueves la renuncia de Santiago Peña.
El legislador manifestó que acompañaría el juicio político en caso de que el mandatario no dejara voluntariamente el cargo.
Su pronunciamiento representa un cambio significativo en el escenario parlamentario, dado que procede de un dirigente del propio Partido Colorado.
El reclamo se suma a posiciones expresadas por legisladores de distintos sectores y organizaciones civiles que cuestionan el manejo de la crisis bancaria.
Diputados inicia el tratamiento del juicio político
La Cámara de Diputados inició una sesión extraordinaria para debatir el libelo acusatorio presentado contra Santiago Peña.
El documento había sido impulsado por 35 legisladores y fue presentado formalmente el 4 de noviembre, según la comunicación institucional de la Cámara Baja.
Durante la mañana del jueves, la bancada oficialista ANR A anunció que acompañaría el procedimiento constitucional. Otros sectores políticos también habían adelantado su respaldo.
Ese apoyo legislativo constituye un hecho político relevante, aunque la aprobación del libelo debe confirmarse mediante el resultado oficial de la votación.
Ueno Bank, el origen inmediato de la crisis política
La crisis institucional se desarrolla después del procedimiento de resolución de Ueno Bank y de las dificultades que enfrentan sus clientes para disponer de sus recursos.
El caso provocó manifestaciones de ahorristas y reclamos por el funcionamiento de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.
Los legisladores promotores del juicio político atribuyen al presidente posibles conflictos de intereses relacionados con su participación anterior en empresas vinculadas con la entidad bancaria.
El libelo también plantea cuestionamientos sobre decisiones regulatorias, operaciones financieras y recursos del Instituto de Previsión Social.
Estas afirmaciones constituyen acusaciones de los legisladores. Su presentación no demuestra por sí misma la comisión de delitos ni determina responsabilidades individuales.
Los fondos públicos y la preocupación de los ahorristas
La controversia financiera tiene consecuencias que trascienden el enfrentamiento político.
Los ciudadanos afectados reclaman información verificable sobre la disponibilidad de sus depósitos, los mecanismos de recuperación y los plazos de atención.
Paralelamente, los cuestionamientos relacionados con recursos previsionales exigen determinar qué operaciones fueron realizadas, bajo qué condiciones y con qué controles.
Es indispensable diferenciar los hechos documentados de las denuncias pendientes de investigación y de las responsabilidades que eventualmente establezca la Justicia.
Empresarios y otros sectores también reclaman explicaciones
La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) reclamó la renuncia del presidente y solicitó una investigación de los hechos relacionados con la crisis bancaria.
La organización expresó preocupación por los efectos de la controversia sobre la confianza en las instituciones y la estabilidad económica.
La exigencia de responsabilidades debe desarrollarse dentro de los procedimientos constitucionales y judiciales, preservando las garantías de todas las personas involucradas.
Qué establece la Constitución sobre el juicio político
El artículo 225 de la Constitución Nacional establece el procedimiento aplicable al presidente, al vicepresidente y a otras altas autoridades.
La Cámara de Diputados tiene la facultad de formular la acusación por mayoría de dos tercios.
Si la acusación prospera, corresponde al Senado realizar el juicio público. Para una resolución de culpabilidad y separación del cargo se requiere una mayoría absoluta de dos tercios: 30 votos de los 45 senadores.
El juicio político constituye un mecanismo de responsabilidad constitucional. No reemplaza a un proceso penal. Si existen indicios de delitos, los antecedentes pueden ser remitidos a la justicia ordinaria.
Cómo funciona el procedimiento
Debate y votación de la acusación. Requiere dos tercios.
Juicio público si prospera la acusación de la Cámara Baja.
Para separar del cargo se necesitan 30 votos en el Senado.
Qué ocurriría si Peña deja la Presidencia
Si se produce una vacancia definitiva de la Presidencia, el mecanismo constitucional de sucesión establece que corresponde al vicepresidente asumir la primera magistratura, siempre que se encuentre habilitado para ello.
El vicepresidente Pedro Alliana también figura entre las autoridades cuestionadas en los pedidos parlamentarios.
Por tanto, cualquier escenario de sucesión debe examinarse en función de las decisiones efectivamente adoptadas y no de especulaciones sobre renuncias o destituciones.
Una jornada todavía abierta
El desenlace político dependerá de las decisiones adoptadas por el Congreso y de cualquier comunicación oficial posterior del Ejecutivo.
Hasta el último corte de esta publicación, no se había confirmado una renuncia formal ni una destitución definitiva de Santiago Peña.
Revista País continuará diferenciando los anuncios, las votaciones oficiales y las decisiones institucionales efectivamente verificadas.
