La Administración Nacional de Electricidad firmó un contrato de suministro a 15 años con Kuntur, empresa vinculada a Araico, para un proyecto de centros de datos en Alto Paraná. Aunque la tarifa anunciada supera a la aplicada a la criptominería, especialistas cuestionan la falta de información suficiente para determinar si el Estado obtuvo las mejores condiciones.
Las cifras del acuerdo
ASUNCIÓN, 30 de octubre de 2026. El contrato de suministro eléctrico firmado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con Kuntur, empresa vinculada al grupo Araico, abrió una discusión sobre la asignación de energía a industrias electrointensivas de tecnología avanzada en Paraguay.
El acuerdo, suscrito el 22 de octubre, contempla el suministro de hasta 286 megavatios para el proyecto Iguazú AI City, ubicado en Yguazú, departamento de Alto Paraná. Según las condiciones anunciadas, tendrá una duración de 15 años.
La relevancia económica del contrato no se limita al volumen de electricidad. También incluye el precio acordado, las condiciones de prestación del servicio y el procedimiento utilizado para asignar una capacidad energética limitada.
Dos tarifas para diferentes etapas
El presidente de la ANDE, Miguel Báez, informó que la primera etapa contempla un suministro de seis megavatios en 23 kilovoltios, con una tarifa promedio aproximada de 56,39 dólares por megavatio hora.
La operación prevé posteriormente su traslado al nivel de 220 kilovoltios, donde la tarifa anunciada será de 48,91 dólares por megavatio hora.
La entrega de potencia será escalonada: las informaciones difundidas señalan 146 MW previstos desde abril de 2028 y hasta 286 MW desde abril de 2029.
Los precios contemplan mecanismos de reajuste anual relacionados con indicadores estadounidenses, con un piso informado del 2,5 %. También se mencionó una revisión periódica vinculada al costo de generación de la ANDE.
Sin embargo, las condiciones completas de actualización, suministro y revisión deben comprobarse sobre el texto contractual definitivo.
La nueva categoría para centros de datos
La contratación se produjo después de la creación de un grupo tarifario destinado a industrias electrointensivas de tecnología avanzada, mediante resolución de la ANDE del 21 de octubre.
La regulación incluye requisitos técnicos, comerciales y financieros para las empresas interesadas en operar centros de datos o infraestructura relacionada con inteligencia artificial.
Entre los requisitos divulgados figuran acreditaciones técnicas, documentación financiera, información sobre los clientes del proyecto y controles sobre el origen de los fondos.
La iniciativa busca crear condiciones para captar inversiones tecnológicas, aunque su desarrollo también incrementa la importancia de contar con criterios verificables de asignación eléctrica.
¿Es una tarifa conveniente para Paraguay?
El exgerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres Cadogan, examinó las condiciones públicamente conocidas y advirtió que el análisis no puede considerarse definitivo sin acceder al contrato completo.
El valor anunciado de 48,91 dólares por megavatio hora supera aproximadamente un 10,4 % la tarifa de referencia de 44,30 dólares por megavatio hora aplicada a la categoría especial utilizada por la criptominería.
Pero también se ubica alrededor de un 4,8 % por debajo de los 51,40 dólares por megavatio hora citados como referencia técnica para el nivel de 220 kilovoltios.
Estas comparaciones no prueban por sí solas que el acuerdo sea beneficioso o perjudicial. Los distintos contratos pueden incluir obligaciones operativas y niveles de riesgo que afectan su valor económico.
La diferencia entre energía interrumpible y suministro garantizado
Cáceres recordó que los contratos de criptominería pueden contemplar reducciones de carga cuando el sistema eléctrico lo requiera.
Esta posibilidad modifica el valor económico del suministro: un cliente que acepta interrupciones no necesariamente ofrece las mismas condiciones que otro que exige disponibilidad permanente.
Sin el documento contractual completo no puede determinarse con certeza si Kuntur asumió obligaciones equivalentes ni qué compensaciones se aplicarían frente a interrupciones o incumplimientos.
La discusión sobre concursos y competencia
La asignación de potencia también generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
La Unión de Ingenieros de la ANDE propuso mecanismos de concurso para asignar energía a actividades electrointensivas y procurar condiciones comerciales comparables entre interesados.
El presidente de la estatal informó que existen solicitudes e intereses de numerosos proyectos, pero aclaró que no todos representan demandas firmes o técnicamente viables.
Según las cifras divulgadas, la disponibilidad considerada para estas actividades ronda los 750 MW, de los cuales 286 MW quedarían comprometidos con el proyecto Kuntur.
En ese escenario, conocer los criterios de adjudicación resulta especialmente importante: la energía asignada a un proyecto deja de estar disponible para otras alternativas durante el período comprometido, según las condiciones de contratación.
La falta de información pública no demuestra que se haya cometido una irregularidad. Sí impide, por ahora, comprobar de manera independiente el procedimiento y comparar las condiciones ofrecidas a otros potenciales clientes.
La posición de la ANDE y del sindicato
Báez defendió la tarifa anunciada como resultado de criterios técnicos de la empresa estatal y sostuvo que el nuevo régimen contempla requisitos aplicables a las firmas interesadas.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) señaló que el precio contractual se encuentra dentro del marco legal. Esa apreciación no resuelve necesariamente si se obtuvo el mejor precio posible.
Legalidad, viabilidad técnica y maximización del beneficio económico son preguntas relacionadas, pero distintas.
Centros de datos y desarrollo económico
Los proyectos destinados al procesamiento de datos y la inteligencia artificial pueden generar inversiones en equipos, infraestructura, conectividad y servicios técnicos.
Sin embargo, su contribución al desarrollo nacional debe evaluarse a partir de compromisos concretos: inversión ejecutada, empleo generado, impuestos, encadenamientos productivos y oportunidades tecnológicas locales.
Un anuncio de inversión no equivale automáticamente a todos esos beneficios. Tampoco puede calcularse la rentabilidad del suministro utilizando solo la potencia máxima sin conocer el consumo contratado, el perfil de demanda y las obligaciones de pago.
