URGENTE · Guairá
La conducta atribuida al productor sojero José Carlos Casagrande en General Eugenio A. Garay constituye un desafío intolerable a las normas ambientales, las decisiones judiciales y los derechos de una comunidad que lleva años defendiendo su territorio. Casagrande ya fue condenado en dos causas penales por delitos ambientales y ahora vuelve a ser denunciado por sembrar soja en una zona sujeta a prohibiciones expresas.
La gravedad aumenta por la proximidad del cultivo a una fuente comunitaria de agua. Según la intervención fiscal difundida por la prensa, la siembra fue constatada a unos 50 metros de un pozo artesiano. El 12 de noviembre, el intendente Arsenio Jara Rotela presentó una denuncia respaldada por las firmas de numerosos pobladores. El acta policial N.º 142/2026 señala que la plantación se encuentra a pocos metros del tanque que abastece aproximadamente a 540 familias y a instituciones públicas del distrito. La presentación solicita la intervención del Ministerio Público, la revisión de los antecedentes penales del productor y la adopción de medidas preventivas urgentes.
La posibilidad de una nueva transgresión que comprometa este servicio esencial reviste especial gravedad, considerando las sentencias anteriores. El riesgo de contaminación por agroquímicos exige una respuesta inmediata, conforme al principio de precaución y a la prioridad jurídica del consumo humano del agua. Ningún interés económico particular justifica exponer a centenares de familias a peligros evitables, menos aún cuando existen disposiciones destinadas a proteger su salud y los recursos hídricos.
La amenaza alcanza también a la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú, protegida por la Ley N.º 5399/2015 y sus modificaciones. Su importancia excede ampliamente el valor paisajístico del cerro Tres Kandú. Los bosques, nacientes, arroyos y suelos de esta cordillera cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica y climática. La cobertura vegetal favorece la infiltración y retención del agua, reduce la erosión, contribuye a moderar las temperaturas locales y sostiene procesos ecológicos indispensables para la biodiversidad y las comunidades humanas.
El Plan de Manejo de la Reserva, aprobado mediante la Resolución N.º 445/2016, establece medidas que no pueden ser ignoradas. Entre ellas figuran la protección y restauración de nacientes y bosques ribereños, el mantenimiento de la cobertura forestal, el control de las actividades productivas y las restricciones al cambio de uso del suelo para agricultura mecanizada. El documento advierte que las prácticas agrícolas inadecuadas favorecen la erosión, la colmatación de los cauces y el deterioro de la calidad del agua.
Una investigación financiada por el CONACYT también documentó la fragmentación de los bosques, las alteraciones de los cursos hídricos y las debilidades institucionales que comprometen la integridad ecológica del área protegida. El avance de la agricultura intensiva agrava presiones ambientales identificadas científicamente.
A estas disposiciones se suman las ordenanzas municipales N.º 5/2024 y N.º 9/2024 que restringen el monocultivo de soja y los agroquímicos asociados. La Intendencia de General Eugenio A. Garay acaba de ratificar formalmente su vigencia. Aquí adquiere especial relevancia el principio de no regresión ambiental. Las garantías normativas alcanzadas para proteger la salud y los recursos naturales no pueden debilitarse arbitrariamente ni quedar sin aplicación por presiones económicas o cambios de autoridades. Una eventual autorización administrativa tampoco habilita el desconocimiento de las prohibiciones legales correspondientes.
Los antecedentes judiciales agravan esta nueva situación. El Ministerio Público obtuvo dos condenas contra Casagrande por incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. Corresponde ahora investigar si la siembra denunciada constituye otro hecho punible y determinar las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de las sentencias anteriores. La persistencia de conductas semejantes, de confirmarse los nuevos hechos, evidenciaría un preocupante desprecio por los límites impuestos para resguardar bienes colectivos.
La situación exige, además, fortalecer la gestión institucional de la reserva. El Comité de Gestión Ambiental cuenta con un antecedente de reconocimiento oficial mediante la Resolución MADES N.º 286/2019, pero resulta indispensable transparentar su integración actual, su funcionamiento y las acciones efectivamente realizadas. El Ybytyruzú necesita un comité activo, representativo y respaldado institucionalmente, conformado mediante criterios públicos que reconozcan la trayectoria comprobable de quienes han defendido sus recursos naturales. No puede reducirse a una instancia de representación nominal ni quedar condicionado por intereses incompatibles con sus objetivos de conservación.
También resulta inadmisible que los defensores ambientales deban soportar intimidaciones o expresiones de desprecio. Los insultos difundidos en una grabación atribuida al productor, cuya autoría aún debe verificarse, agravan el conflicto. Ninguna capacidad económica confiere superioridad sobre una comunidad ni autoriza a menospreciar sus derechos.
El MADES, el Ministerio Público y las autoridades municipales deben actuar coordinadamente, verificar las autorizaciones invocadas, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y adoptar las medidas preventivas correspondientes. La proximidad del cultivo a la fuente comunitaria de agua justifica su suspensión preventiva inmediata, conforme al principio de precaución.
Dos condenas judiciales no pueden terminar convertidas en simples antecedentes de una tercera agresión ambiental. La impunidad se afianza cuando quien ha sido sancionado comprueba que puede seguir desafiando las mismas normas.
El Tres Kandú forma parte de un patrimonio natural protegido, fuente de agua, regulador climático y territorio de comunidades con derechos. Las amenazas que enfrenta justifican evaluar técnicamente la ampliación de su zona de amortiguamiento, nunca su debilitamiento arbitrario. Defenderlo exige que la ley prevalezca sobre la prepotencia y que su conservación deje de depender exclusivamente del coraje de los pobladores ante la insuficiencia de las instituciones.
*Doctor en Derecho Público, investigador y docente universitario. Su trayectoria reúne análisis jurídico, periodismo y escritura crítica. Ex periodista de ABC Color y ADN, investiga las relaciones entre poder, derechos, territorio y gobernanza ambiental en América Latina.
Distinguido por Guyrá Paraguay en comunicación sobre biodiversidad y premiado en certámenes literarios, combina investigación científica y ensayo con una mirada crítica sobre las instituciones, los intereses económicos y la ciudadanía.
Galería de fotos
Fotografías facilitadas a Revista País. Las fotos se abren en una pestaña nueva.

