JUICIO POLÍTICO | PARAGUAY
La Cámara de Senadores resolvió destituir a Santiago Peña de la Presidencia de la República tras declararlo culpable en el juicio político vinculado con la crisis de Ueno Bank. El mandatario había presentado su renuncia el jueves, pero esta no fue aceptada formalmente. Por ello, el Congreso continuó el procedimiento constitucional hasta alcanzar una resolución.
Las decisiones que marcaron la crisis
Diputados aprueba la acusación constitucional.
Senado rechaza la prórroga solicitada por la defensa.
Senado resuelve la separación presidencial al concluir el juicio.
Las cifras corresponden a votaciones distintas. Los 39 votos no son el resultado de la destitución.
ASUNCIÓN, 6 de noviembre de 2026. El Senado paraguayo destituyó este viernes a Santiago Peña de la Presidencia de la República. La resolución puso fin al juicio político impulsado después de la crisis financiera de Ueno Bank, que provocó reclamos de ahorristas y cuestionamientos sobre decisiones estatales.
La decisión fue informada por Última Hora, que señaló que la Cámara Alta declaró culpable al mandatario de manera unánime. Sin embargo, el reporte consultado no detallaba el número definitivo de votos emitidos en la sentencia.
Peña había presentado su renuncia el jueves, cuando la Cámara de Diputados debatía la acusación. No obstante, la dimisión no obtuvo aceptación formal debido a la falta de quórum en una sesión conjunta. En consecuencia, el Senado continuó el juicio político.
El Senado declara culpable a Santiago Peña
La Cámara Alta actuó como tribunal del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Después de examinar la acusación formulada por Diputados y escuchar los argumentos de la defensa, resolvió la destitución.
El procedimiento se desarrolló durante dos jornadas. Primero, la Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio con 78 votos el 5 de noviembre. Posteriormente, el Senado recibió las acusaciones y abrió la etapa de juzgamiento.
Finalmente, este viernes se conoció la decisión de separar del cargo al mandatario. La resolución representa una sanción política y constitucional, no una condena penal.
La renuncia que no detuvo el juicio político
El jueves 5 de noviembre, Peña anunció públicamente su decisión de renunciar a la Presidencia. En su mensaje, vinculó la decisión con la estabilidad institucional y la paz social.
Sin embargo, el Congreso no llegó a completar el procedimiento necesario para aceptar su dimisión. Por ello, el mandatario permaneció formalmente en funciones mientras continuaba el juicio.
Uno de los puntos centrales del debate fue el efecto jurídico de una renuncia frente a una destitución. El artículo 189 de la Constitución Nacional contempla la condición de senador vitalicio para expresidentes electos democráticamente, con excepción de quienes sean destituidos mediante juicio político.
En consecuencia, la forma de salida de la Presidencia tenía consecuencias sobre la situación constitucional posterior de Santiago Peña.
Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda ejercieron la defensa
Durante la jornada del viernes, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda comparecieron ante el Senado para representar a Santiago Peña. El mandatario no asistió personalmente al pleno.
Previamente, Peña había pedido una prórroga de 72 horas para preparar sus descargos. Sin embargo, la Cámara Alta rechazó la solicitud por 39 votos contra tres, con dos abstenciones y una ausencia.
La defensa cuestionó las condiciones procesales y sostuvo que el tiempo otorgado resultaba insuficiente. Además, planteó argumentos sobre los efectos de la renuncia presidencial.
Pese a esas objeciones, el Senado continuó con la evaluación de la acusación y posteriormente resolvió la destitución.
Ueno Bank: la crisis financiera detrás de la caída política
El juicio político estuvo directamente relacionado con la crisis de Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay había iniciado un procedimiento de resolución de la entidad, después de detectar un deterioro grave en sus indicadores de solvencia.
Como consecuencia, numerosos clientes enfrentaron dificultades para acceder a sus depósitos. La situación desencadenó movilizaciones ciudadanas y reclamos por información sobre los mecanismos de recuperación de recursos.
Además, los legisladores plantearon cuestionamientos sobre la concentración de fondos públicos, las decisiones regulatorias y posibles conflictos de intereses del presidente.
Esos señalamientos integraron la acusación constitucional. Sin embargo, corresponde distinguirlos de los hechos que eventualmente sean probados en investigaciones penales independientes.
Qué ocurrirá con los ahorristas de Ueno Bank
La destitución presidencial resuelve una cuestión de responsabilidad política, pero no determina por sí misma la devolución de todos los depósitos afectados por la crisis.
Para los clientes del banco, el problema inmediato continúa siendo el acceso a sus recursos. Por ello, resulta fundamental conocer los procedimientos aplicables, los plazos y las comunicaciones oficiales de las autoridades financieras.
El Banco Central comenzó a habilitar pagos para determinados grupos de ahorristas, según la información periodística disponible durante la jornada del viernes.
No obstante, el alcance de esas operaciones debe verificarse en las comunicaciones oficiales de la autoridad monetaria y del mecanismo de garantía de depósitos.
Pedro Alliana y la sucesión constitucional
La destitución genera una vacancia definitiva en la Presidencia. De acuerdo con la Constitución, corresponde al vicepresidente Pedro Alliana asumir la titularidad del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, al cierre de este corte informativo, todavía no se había corroborado documentalmente el acto formal de juramento. Por tanto, no corresponde afirmar que ya asumió sin esa confirmación.
La sucesión también plantea el procedimiento para cubrir la Vicepresidencia, conforme a las disposiciones constitucionales aplicables.
El antecedente de Fernando Lugo y el alcance institucional
La destitución de Santiago Peña constituye otro episodio de remoción presidencial mediante el mecanismo del juicio político.
El antecedente más conocido en la historia paraguaya reciente es el de Fernando Lugo, destituido por el Congreso en junio de 2012. En aquel proceso, también se debatieron los plazos de defensa.
Sin embargo, las circunstancias de ambos casos son diferentes. Por ello, sus consecuencias deben analizarse a partir de las decisiones, acusaciones y documentos correspondientes a cada proceso.
Las próximas decisiones que deberá tomar el Estado
Tras la destitución, corresponde formalizar la sucesión presidencial, comunicar las decisiones institucionales y garantizar la continuidad administrativa del Poder Ejecutivo.
Asimismo, deberá seguirse la evolución de los procedimientos sobre Ueno Bank y las medidas destinadas a proteger a los depositantes.
La resolución del Senado cierra el juicio político contra Santiago Peña. Sin embargo, las consecuencias judiciales, financieras y administrativas todavía requieren seguimiento.
