Soledad Núñez tiene previsto asumir la Intendencia de Asunción el martes 3 de noviembre. La transición con la administración de Luis Bello continúa bajo acompañamiento de la Contraloría, pero la información financiera y administrativa debe actualizarse y consolidarse antes de establecer conclusiones sobre las obligaciones que recibirá el nuevo gobierno municipal.
Las fechas del traspaso
Último corte consolidado comunicado inicialmente.
Fecha prevista de asunción de Soledad Núñez.
Fecha estimada para concluir la documentación del corte.
ASUNCIÓN, 2 de noviembre de 2026. La Municipalidad de Asunción se prepara para el cambio de autoridades previsto para este martes 3 de noviembre, cuando Soledad Núñez asumirá la Intendencia en reemplazo de Luis Bello.
El traspaso se desarrolla con acompañamiento de la Contraloría General de la República y con reuniones entre las autoridades salientes, el equipo entrante y funcionarios municipales.
Sin embargo, la conclusión del relevo institucional no coincide necesariamente con la finalización de la revisión administrativa y financiera. La nueva administración todavía debe recibir información actualizada sobre contratos, obligaciones, recursos humanos y patrimonio.
Una transición con dos momentos
La reunión celebrada el 30 de octubre entre Luis Bello, Soledad Núñez y representantes de la Contraloría permitió establecer un procedimiento para avanzar en el corte administrativo, financiero y patrimonial.
La información sistematizada corresponde inicialmente al 30 de septiembre. Los responsables deberán incorporar los movimientos posteriores hasta la fecha del cambio de mando.
Según la comunicación oficial de la Municipalidad, el primer paso será suscribir un documento que identifique los compromisos de la administración saliente, bajo supervisión de la Contraloría.
Posteriormente, se prevé formalizar el acta definitiva del corte alrededor del 18 de noviembre.
Ese calendario responde a la necesidad de reunir y verificar información procedente de distintos sistemas informáticos y dependencias municipales.
Por qué todavía no se puede cerrar el balance financiero
Núñez señaló que la complejidad de los sistemas municipales exige tiempo adicional para consolidar los datos y conocer con precisión la situación institucional.
Por ese motivo, la intendenta electa evitó adelantar conclusiones sobre el estado real de las finanzas y obligaciones antes de contar con documentación suficiente.
La revisión deberá distinguir el dinero disponible en cuentas de las obligaciones que permanecen pendientes.
Un saldo bancario positivo no significa necesariamente que el municipio disponga de recursos libres para nuevos gastos.
Para evaluar su posición financiera resulta necesario considerar pagos comprometidos, vencimientos, deudas, restricciones presupuestarias y obligaciones futuras.
Los saldos bancarios y los compromisos de fin de año
Durante reuniones anteriores, representantes del equipo de transición informaron que, según datos comunicados por la administración de Bello, se proyectaba entregar saldos bancarios positivos por aproximadamente 20.000 millones de guaraníes.
También se señaló que existirían condiciones para afrontar compromisos de cierre de año, entre ellos salarios y aguinaldos.
Estas cifras constituyen información preliminar atribuida a la administración saliente. No reemplazan extractos bancarios, conciliaciones, balances ni documentos verificables.
La existencia de fondos deberá contrastarse con los pasivos exigibles, los recursos afectados a fines específicos y las obligaciones contractuales.
La Caja de Jubilaciones, entre las obligaciones a revisar
Las reuniones de transición incluyeron la situación de los compromisos municipales con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
Conocer los aportes pendientes, los vencimientos y las obligaciones acumuladas será necesario para determinar el impacto de esos compromisos sobre el presupuesto.
Las cifras concretas deberán sustentarse en documentación actualizada. El inicio de una nueva gestión no extingue automáticamente las obligaciones legales de la institución.
Contratos y servicios esenciales
Otro asunto prioritario es garantizar la continuidad de los servicios municipales durante el relevo.
La Municipalidad identificó especialmente la recolección de residuos como un servicio que requiere seguimiento.
El proceso incluye revisar contratos vinculados con camiones recolectores, contenedores y la logística operativa.
La verificación debe considerar plazos, obligaciones de pago, disponibilidad de equipos, mantenimiento y condiciones efectivas de prestación.
Un cambio de administración no debería interrumpir servicios que afectan directamente a los vecinos.
Personal municipal y registros administrativos
Núñez también mencionó una reducción aproximada de 300 funcionarios durante la administración saliente.
La información requiere cotejo con registros oficiales, porque una estimación de reducción de personal no permite conocer por sí sola cuántos funcionarios permanecen activos, bajo qué vínculos laborales ni qué obligaciones presupuestarias generan.
El relevamiento debe abarcar plantillas, contratos, legajos, remuneraciones y otras situaciones administrativas que incidan sobre el funcionamiento municipal.
La Contraloría y el alcance del control
La participación de la Contraloría General de la República busca respaldar el proceso de documentación y control del traspaso.
Su presencia permite acompañar procedimientos de relevamiento, pero no equivale por sí misma a una certificación de que todas las cuentas, contratos y actuaciones de la administración saliente hayan sido auditados.
Para afirmar que una obligación fue verificada o que existe una irregularidad, serán necesarios los documentos y procedimientos correspondientes.
Qué debe contener un corte administrativo verificable
Un relevamiento útil para las autoridades entrantes debería permitir identificar el estado de las cuentas bancarias, ingresos pendientes, deudas exigibles y obligaciones de corto y largo plazo.
También debería incluir el inventario de bienes, los contratos vigentes, los compromisos con proveedores, las obligaciones laborales y previsionales y los procedimientos administrativos abiertos.
La documentación de estas áreas no supone necesariamente que existan irregularidades. Permite establecer responsabilidades, asegurar continuidad institucional y disponer de una base común para el control posterior.
Qué deberá comprobarse después del 3 de noviembre
El cambio de mando previsto para este martes permitirá iniciar una nueva etapa de gestión, pero el proceso documental continuará en los días siguientes.
Entre los principales indicadores de seguimiento figuran la firma del acta inicial, la actualización del corte al 3 de noviembre, la presentación de las obligaciones verificadas y la formalización del acta definitiva.
También será necesario observar si se mantiene la prestación regular de los servicios municipales durante el período de transición.
Hasta contar con los registros consolidados, cualquier afirmación concluyente sobre la situación patrimonial y financiera deberá considerarse prematura.
